El Bloque La Libertad Avanza presentó ante la Legislatura un Proyecto de Ley para la Prohibición de Celulares en Establecimientos Penitenciarios de Río Negro. El escrito tiene autoría del legislador Santiago Ibarrolaza.

Tal como expresaron desde el bloque, esto es en respuesta "al preocupante incremento de delitos perpetrados mediante el uso de dispositivos de comunicación desde las cárceles provinciales".

De esta manera, se busca "salvaguardar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos de Río Negro".

En consonancia con la reciente reforma legislativa que fortalece los recursos y la reiterancia en casos delictivos, este proyecto "adquiere mayor relevancia para garantizar la prevención de delitos cometidos por internos penitenciarios".

Indicaron que en Río Negro, desde el 7 de diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad y Justicia implementó un Protocolo de utilización de telefónica celular dentro de las cárceles. Dicho mecanismo, si bien estipula “establecer la identidad de los dispositivos y realizar de forma precisa una regulación de su tenencia y uso dentro de cada establecimiento”, la realidad "demuestra que la regla es la utilización ilimitada de los teléfonos por parte de los internos".

El proyecto de ley impulsado así, propone la incorporación de medidas contundentes para prohibir las comunicaciones telefónicas, el acceso a redes sociales e internet dentro de los establecimientos penitenciarios provinciales.

Esta acción se respalda en la evidencia de que los dispositivos telefónicos "no contribuyen al proceso de rehabilitación de los internos y representan una amenaza para la seguridad ciudadana".

Para asegurar el equilibrio entre los derechos de los internos y la protección de la sociedad, se establecen condiciones excepcionales para la comunicación telefónica, limitando su duración y frecuencia, así como la obligación de utilizar teléfonos fijos conectados a un conmutador. Además, se implementarán controles exhaustivos para prevenir el uso indebido de estas comunicaciones con fines delictivos.

El proyecto también contempla la suspensión preventiva de las comunicaciones telefónicas "en caso de sospecha fundada de actividad delictiva", garantizando así una respuesta "rápida y eficaz ante posibles amenazas a la seguridad pública".

(Bariloche Opina)